martes, 4 de febrero de 2014

Economía política, industria petrolera y estado Venezolano. Una revisión histórica

Reseña de trabajo presentado para cumplir con la materia: Economía Política del Petróleo, cursando la MGP del IESA en junio de 2013.

Resumen

Utilizando como evidencia los eventos históricos de la relación entre el Estado venezolano y las empresas petroleras, se presenta la economía política de la industria petrolera y el Estado. Además, se modela la pugna a los largo de la historia venezolana entre la captación de renta y la producción petrolera, teniendo como principal causa de la inconsistencia dinámica la preferencia de los actores políticos en disfrutar los beneficios de corto plazo y evitar los costos cuando estos se manifiestan. Finalmente se presentan las condiciones actuales de la industria y se plasman los retos que deben enfrentar los hacedores de política en los próximos tiempos.

Secciones del artículo:

Inicios de la industria petrolera: Formación de la visión normativa de la relación Petróleo-Estado-Sociedad en el pensamiento político venezolano sintetizada en:
1. Es necesario aumentar la participación del Estado en los ingresos petroleros, ya sea por la vía fiscal, ya sea por la participación directa en el negocio petrolero.
2. Es necesario fortalecer la capacidad regulatoria y técnica del Estado a fin de poder participar activamente en la industria petrolera.
3. Es necesario fortalecer otros sectores de la economía y la sociedad venezolana a partir de los ingresos de la industria petrolera, sobre todo porque esta industria está condenada a desaparecer.

Estas ideas se pueden sintentizar en "el petróleo para los venezolanos" y la "siembra petrolera". Al mismo tiempo, el desarrollo de las primeras relaciones entre el Estado y las trasnacionales para la exploración y explotación del petróleo, basadas en el desconocimiento y en la inexistencia de recursos propios gubernamentales para la inversión en exploración y desarrollo de la industria por parte de Venezuela. Acerca de la regulación de las concesiones de minas, ya en 1904, se concebía un tratamiento especial al petróleo por que “mientras en el caso de la mayoría de los minerales primero se descubre la mina y luego se realizan las inversiones, en el caso del petróleo las inversiones previas al descubrimiento son cuantiosas, por lo que nadie las realizaría sin tener la seguridad de que podría disponer de la riqueza encontrada” (Mayobre, 2010).

Ley de hidrocarburos de 1943: Aumento de la participación del Estado en los excedentes petroleros, sin embargo, las empresas operadoras tuvieron incentivos para seguir aumentando la producción. Según nos cuenta Espinasa (2006), la producción de crudo en Venezuela entre 1943 y 1958 se incrementó en 5 veces, de 500.000 barriles diarios a 2.500.000, a pesar de la política de Cero Concesiones promovido por el gobierno nacional a partir del trienio adeco (1945-1948).

La nacionalización: La pugnacidad presente entre el Estado y PDVSA parece haberse balanceado a favor del Estado, una vez evaluamos la variación de la producción e inversión desde la nacionalización en 1976 y la celebración de nuevos convenios operativos en los años 90. La inversión, aunque espasmódica durante ese periodo, permitió aumentar las reservas probadas. Al mismo tiempo la producción decayó continuamente hasta casi alcanzar la cifra de 1.700.000 de barriles diarios, validando la tesis rentista de la maximización de la renta por barril en lugar de aumentos sucesivos en la producción.

Apertura de los años 90: Época de gran estrechez fiscal y de disponibilidad de recursos para la inversión por parte del Estado, llevó al estancamiento de la producción. Por otro lado, la caída de los precios del petróleo hacia inviable una recuperación llevada adelante sólo por el Estado. Como resultado de la apertura, la inversión anual se incrementó continuamente entre los años 1990 y 1996 y la producción se incrementó casi en un 1.000.000 de barriles en el mismo periodo.

Realidad de la industria desde el año 2000: El incremento sostenido de los precios del petróleo desde el año 2000, teniendo una tendencia mucho más acentuada al alza a partir del 2004, alteró rápidamente los incentivos del gobierno. Las condiciones bajo las cuales se habían establecidos los convenidos resultaban poco provechosas para el Estado. En ese sentido, en el año 2001 se reforma la Ley de Hidrocarburos del año 1943, teniendo como modificación principal que el Estado obligatoriamente debe tener más del 50% de participación en las empresas mixtas que se constituyan para las actividades económicas relacionadas a los hidrocarburos. Esta ley entra abruptamente en vigencia en el año 2005, forzando la creación de empresas mixtas en base a los antiguos convenios operativos que existían con las transnacionales. De igual forma, los proyectos de la Faja del Orinoco pasaron a constituirse en empresas mixtas en octubre del 2007. Como el precio del petróleo siguió subiendo en los siguientes años, el gobierno tuvo incentivos para seguir capturando renta y creó las leyes de Ganancias Exorbitantes de los años 2008 y 2011, capturando hasta el 95% de los excedentes petroleros. Entre 2009 y 2011 Venezuela certificó sus reservas haciéndose de las reservas probadas más grandes del mundo. Sin embargo, a la tasa de extracción actual tiene cerca de 290 años de producción. En este nuevo contexto, con increíbles reservas probadas, el gobierno tiene nuevamente incentivos para captar capital internacional. Sin embargo, debido a sus recientes acciones, tendrá que lidiar con los costos reputacionales que le ofrece su propio comportamiento en el pasado.

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