martes 3 de septiembre de 2013 12:00 AM
Como sociedad que se encuentra en un punto distante del nivel que disfrutan los países del primer mundo, los venezolanos aspiramos progresar, desarrollarnos. Las nociones contemporáneas de desarrollo exigen que los ciudadanos puedan tener la vida que tienen razones para valorar, es decir, cuenten con las herramientas para poder alcanzar una alta calidad de vida, pero al mismo tiempo tengan la libertad de buscar las metas que ellos mismos definan. Estos dos componentes, bienestar y libertad son fundamentales para el progreso.
Una triste realidad se cierne sobre Venezuela en este sentido. Desde siempre se ha defendido que el Gobierno administre la renta petrolera para generar bienestar, pero se le ha dejado la discrecionalidad de uso, resultando la distribución de la renta solo en aquellos que manifiesten su apoyo a quienes transitoriamente detentan el poder. Puede que esta distribución llegue a algunos que de verdad lo necesitan, pero claramente llega solo a aquellos que entregan su libertad política. A todas luces no se puede alcanzar progresar como país si se obliga a la población a renunciar a su libertad a cambio de bienestar, ya que tanto la libertad como el bienestar son constituyentes del desarrollo.
Transferir la propiedad de la renta petrolera a sus legítimos dueños, los venezolanos, parece ser una propuesta que resuelve el problema estructural del sistema rentista venezolano, que impide alcanzar el desarrollo. La transferencia de propiedad se manifiesta en la distribución directa de la renta, es decir, los venezolanos reciben todos los ingresos del petróleo y después estos pagan parte del ingreso al Estado por medio de impuestos para financiar al Gobierno. El resto del ingreso se ahorra, pudiéndose usar los intereses generados para gastos como educación y salud, contándose con recursos para dar herramientas de progreso al tiempo que se rompe la trampa de pan por poder.
Sin embargo, la presentación de la propuesta tropieza con opiniones como: "los venezolanos no estamos listos para recibir directamente los recursos del petróleo porque lo gastaríamos en ropa y caña". "Aunque es una buena idea, las misiones tienen una alta penetración en la población, por lo que proponer un mecanismo alternativo de distribución de la renta es completamente inviable".
Una reciente investigación del IESA basada la encuesta en 1.030 personas de la Gran Caracas, encuentra que los venezolanos prefieren la distribución directa a cualquier otra alternativa de distribución de la renta petrolera (a pesar de la existencia de las misiones), siempre y cuando ésta pueda usarse para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, evidenciándose la viabilidad de esta propuesta.
Aspirar alcanzar una sociedad desarrollada obliga a abrir el debate sobre la administración de la renta petrolera. Ante la realidad del Estado terrateniente con distribución discrecional, se ofrece la propuesta de ciudadanos propietarios, con distribución universal y directa de la renta, sólo para fines valiosos.
Una triste realidad se cierne sobre Venezuela en este sentido. Desde siempre se ha defendido que el Gobierno administre la renta petrolera para generar bienestar, pero se le ha dejado la discrecionalidad de uso, resultando la distribución de la renta solo en aquellos que manifiesten su apoyo a quienes transitoriamente detentan el poder. Puede que esta distribución llegue a algunos que de verdad lo necesitan, pero claramente llega solo a aquellos que entregan su libertad política. A todas luces no se puede alcanzar progresar como país si se obliga a la población a renunciar a su libertad a cambio de bienestar, ya que tanto la libertad como el bienestar son constituyentes del desarrollo.
Transferir la propiedad de la renta petrolera a sus legítimos dueños, los venezolanos, parece ser una propuesta que resuelve el problema estructural del sistema rentista venezolano, que impide alcanzar el desarrollo. La transferencia de propiedad se manifiesta en la distribución directa de la renta, es decir, los venezolanos reciben todos los ingresos del petróleo y después estos pagan parte del ingreso al Estado por medio de impuestos para financiar al Gobierno. El resto del ingreso se ahorra, pudiéndose usar los intereses generados para gastos como educación y salud, contándose con recursos para dar herramientas de progreso al tiempo que se rompe la trampa de pan por poder.
Sin embargo, la presentación de la propuesta tropieza con opiniones como: "los venezolanos no estamos listos para recibir directamente los recursos del petróleo porque lo gastaríamos en ropa y caña". "Aunque es una buena idea, las misiones tienen una alta penetración en la población, por lo que proponer un mecanismo alternativo de distribución de la renta es completamente inviable".
Una reciente investigación del IESA basada la encuesta en 1.030 personas de la Gran Caracas, encuentra que los venezolanos prefieren la distribución directa a cualquier otra alternativa de distribución de la renta petrolera (a pesar de la existencia de las misiones), siempre y cuando ésta pueda usarse para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, evidenciándose la viabilidad de esta propuesta.
Aspirar alcanzar una sociedad desarrollada obliga a abrir el debate sobre la administración de la renta petrolera. Ante la realidad del Estado terrateniente con distribución discrecional, se ofrece la propuesta de ciudadanos propietarios, con distribución universal y directa de la renta, sólo para fines valiosos.
